El Gobierno aprueba un paquete fiscal extraordinario para contener el impacto energético: bajadas de IVA, incentivos verdes y ayudas directas

El Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el 20 de marzo y publicado en el BOE el 21 de marzo, introduce un amplio conjunto de medidas tributarias dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El objetivo: mitigar el impacto del encarecimiento energético sobre hogares, empresas y sectores estratégicos.

Las medidas, de carácter temporal en su mayoría, afectan a impuestos clave como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y los tributos energéticos, además de incorporar ayudas directas para colectivos especialmente afectados.

Rebaja generalizada del IVA en energía y combustibles

Entre las medidas más inmediatas destaca la reducción del IVA del 21% al 10%, vigente de forma extraordinaria hasta el 30 de junio de 2026.

Esta rebaja se aplica a:

  • Suministros de electricidad con potencia contratada inferior a 10 kW
  • Consumidores beneficiarios del bono social en situación de vulnerabilidad severa
  • Gas natural, biomasa (pellets y briquetas) y leña
  • Carburantes y combustibles

No obstante, el mantenimiento de esta rebaja durante junio quedará condicionado a la evolución del índice de precios al consumo (IPC) de estos productos.

IRPF: prórrogas fiscales e impulso al autoconsumo

En el ámbito del IRPF, el decreto consolida y amplía los incentivos vinculados a la eficiencia energética.

Con efectos desde el 1 de enero de 2025:

  • Se prorrogan hasta 2026 las deducciones por obras que reduzcan la demanda energética en viviendas
  • Se extiende hasta 2027 la deducción por rehabilitación energética en edificios residenciales

Desde el 1 de enero de 2026:

  • Se mantiene hasta finales de 2026 la deducción por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga
  • Se introduce una nueva deducción por instalación de sistemas de autoconsumo con energías renovables en viviendas y edificios residenciales

Sociedades: incentivos a la inversión sostenible

En el Impuesto sobre Sociedades, el Gobierno apuesta por reforzar la inversión en sostenibilidad.

Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025 y aún no cerrados a 22 de marzo de 2026:

  • Se prorroga la libertad de amortización para inversiones en energías renovables
  • Se amplía esta medida a inversiones en determinados vehículos y en infraestructuras de recarga

Hidrocarburos: rebajas fiscales y ayudas directas

El decreto también actúa sobre el coste de los combustibles mediante:

  • La reducción temporal de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos
  • La rebaja en la devolución del gasóleo profesional

Estas medidas estarán vigentes desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio de 2026.

Además, se aprueban ayudas directas para:

  • Productores agrarios
  • Transportistas con derecho a devolución parcial del impuesto
  • Profesionales del transporte que no pueden acogerse a dicha devolución

Electricidad: fuerte reducción impositiva

En el ámbito eléctrico, se reduce de forma significativa el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasa del 5,11% al 0,5% entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2026.

Ajustes en la fiscalidad de la producción eléctrica

Por último, el decreto introduce modificaciones en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica con el objetivo de contener los precios en el mercado mayorista.

Para 2026 se establecen:

  • Una reducción del 10% en la base imponible correspondiente al primer trimestre
  • La exclusión total de la base imponible de las retribuciones del segundo trimestre

Estas medidas buscan compensar el incremento de costes energéticos que soportan las empresas del sector y favorecer una oferta más competitiva que beneficie al consumidor final.

Un paquete fiscal de carácter temporal

El conjunto de medidas aprobadas tiene un carácter excepcional y limitado en el tiempo, condicionado en muchos casos a la evolución de los precios energéticos.

Con este paquete, el Gobierno trata de amortiguar el impacto de la crisis energética, proteger a los colectivos más vulnerables y fomentar la transición hacia un modelo energético más sostenible.

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