La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, por la desproporción de las sanciones que se pueden imponer por no presentar o por presentar fuera de plazo el Modelo 720 de determinados bienes y derechos situados en el extranjero.
La Comisión entiende que este régimen sancionador puede vulnerar los principios de libre circulación de personas, de trabajadores y de capitales, así como la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.