Los administradores de una empresa toman decisiones constantemente: firman contratos, aprueban inversiones, presentan las cuentas anuales o convocan juntas de socios. La mayoría de estas actuaciones forman parte de la gestión ordinaria de cualquier sociedad.
Sin embargo, cuando determinadas decisiones se adoptan de forma intencionada para perjudicar a la propia empresa, a los socios o a terceros, pueden dejar de ser simples errores de gestión y adquirir relevancia penal.
El Código Penal español contempla los delitos societarios para proteger el correcto funcionamiento de las sociedades, los derechos de los socios y la confianza en las relaciones empresariales.
Pero ¿qué conductas pueden considerarse delitos societarios? ¿Quién puede ser responsable? ¿Y qué puede hacer una empresa para prevenir este tipo de situaciones?
¿Qué son los delitos societarios?
Los delitos societarios son determinadas conductas ilícitas cometidas en el ámbito de una sociedad mercantil por personas que tienen capacidad de decisión, administración o control sobre ella.
Entre los posibles responsables pueden encontrarse administradores, directivos, administradores de hecho y, en determinados supuestos, socios.
Habitualmente, estas conductas buscan obtener un beneficio personal o favorecer a determinadas personas provocando un perjuicio a la sociedad, a otros socios, a los acreedores o a terceros.
Ahora bien, no toda irregularidad empresarial constituye un delito. Una mala decisión, una inversión fallida o un error de gestión no implican automáticamente responsabilidad penal.
La diferencia suele encontrarse en la existencia de una actuación consciente y voluntaria, especialmente cuando existe engaño, ocultación de información, abuso de las facultades de administración o intención de causar un perjuicio.
Mala gestión o delito societario: ¿dónde está la diferencia?
Esta es una de las cuestiones más importantes.
Un administrador puede aprobar una inversión que posteriormente resulte ruinosa. También puede perder un cliente relevante o equivocarse al valorar la evolución de un mercado. Si actuó de buena fe y buscando el interés de la empresa, el resultado negativo no convierte por sí solo esa decisión en un delito.
La situación cambia cuando la decisión se adopta para beneficiar deliberadamente al administrador o a una persona vinculada.
Por ejemplo, una empresa puede comprar maquinaria por 150.000 euros confiando en aumentar su producción. Si el mercado cambia y la inversión fracasa, estaremos ante una decisión empresarial desafortunada.
Pero si el administrador adquiere esa misma maquinaria a una empresa de un familiar por un precio muy superior al de mercado con la intención de beneficiar al familiar y perjudicar a la sociedad, podrían aparecer responsabilidades legales, incluidas las penales en función de las circunstancias.
¿Quién puede cometer un delito societario?
La responsabilidad puede afectar a diferentes personas vinculadas con la gestión de una empresa. Entre ellas se encuentran:
- Administradores únicos.
- Administradores solidarios o mancomunados.
- Miembros del consejo de administración.
- Administradores de hecho.
- Directivos con capacidad efectiva de decisión.
- Socios en aquellos supuestos expresamente previstos por la legislación.
La responsabilidad penal no depende únicamente del cargo que figure oficialmente en la sociedad. También puede ser relevante quién toma realmente las decisiones y cuál ha sido su participación en los hechos.
Principales delitos societarios
Falseamiento de las cuentas anuales
Uno de los supuestos más conocidos es la manipulación de las cuentas anuales, balances o documentos económicos para ofrecer una imagen diferente de la situación real de la empresa.
Puede realizarse para ocultar pérdidas, facilitar la obtención de financiación, atraer inversores o impedir que los socios conozcan la verdadera situación económica.
Por ejemplo, si una sociedad acumula pérdidas importantes y su administrador manipula determinados datos contables para presentar beneficios inexistentes y conseguir financiación bancaria, la conducta podría tener consecuencias penales, además de otras responsabilidades.
Impedir los derechos de los socios
Los socios cuentan con determinados derechos reconocidos por la legislación mercantil, entre ellos el derecho de información, asistencia y voto en las juntas, así como otros derechos vinculados a su participación en la sociedad.
Impedir deliberadamente el ejercicio de estos derechos puede tener consecuencias legales.
Un ejemplo sería convocar una junta ocultando intencionadamente la convocatoria a un socio minoritario para impedir que pueda asistir y votar sobre una operación relevante.
Imposición de acuerdos abusivos
Otro supuesto se produce cuando quienes controlan la mayoría de una sociedad utilizan esa posición para aprobar acuerdos que buscan beneficiar exclusivamente a determinados socios y perjudicar al resto.
Por ejemplo, varios socios mayoritarios podrían utilizar contratos o determinadas operaciones para obtener un beneficio particular a costa del patrimonio de la sociedad y de los derechos económicos de un socio minoritario.
La existencia de un acuerdo perjudicial no significa automáticamente que exista un delito. Será necesario analizar las circunstancias concretas y la conducta de las personas implicadas.
Acuerdos adoptados mediante engaño
También pueden surgir responsabilidades cuando determinados acuerdos sociales se consiguen mediante engaño, abuso de las facultades de administración o manipulación de la información disponible para los socios.
Imaginemos que un administrador oculta información esencial sobre el valor de un inmueble de la empresa para conseguir que los socios aprueben su venta a otra sociedad vinculada a él por un precio inferior al de mercado.
La sociedad podría sufrir una pérdida patrimonial mientras el administrador obtiene un beneficio.
Ocultación o negación indebida de información
El acceso a determinada información resulta esencial para que los socios puedan ejercer sus derechos y participar en la toma de decisiones con conocimiento suficiente.
Por ello, ocultar información relevante o facilitar datos falsos puede generar responsabilidades cuando concurran los requisitos establecidos por la legislación.
¿Qué consecuencias tienen los delitos societarios?
Las consecuencias dependen de la conducta concreta, su gravedad y las circunstancias del caso.
Entre las posibles consecuencias pueden encontrarse penas de prisión, multas, inhabilitación para administrar sociedades y responsabilidad civil por los daños ocasionados.
También puede ser necesario indemnizar a socios o terceros perjudicados y pueden producirse consecuencias sobre determinados acuerdos sociales.
A esto se suma el impacto empresarial. Una investigación o procedimiento penal puede provocar pérdida de confianza de clientes y proveedores, dificultades para obtener financiación, problemas con inversores y un importante daño reputacional.
¿Cómo puede prevenirlos una empresa?
La prevención de los delitos societarios comienza con una gestión transparente y correctamente documentada.
Entre las medidas más importantes se encuentran:
- Mantener una contabilidad fiel a la realidad económica.
- Elaborar correctamente las cuentas anuales.
- Convocar las juntas respetando los requisitos legales.
- Redactar actas completas y veraces.
- Respetar los derechos de información de los socios.
- Identificar y gestionar posibles conflictos de interés.
- Documentar adecuadamente las decisiones relevantes.
- Implantar medidas de cumplimiento normativo cuando proceda.
- Contar con asesoramiento profesional especializado de Sersa Asesores.
Una correcta documentación de las decisiones y unos procedimientos internos claros pueden ayudar a detectar irregularidades y reducir riesgos.
¿Qué hacer si un administrador detecta una irregularidad?
Cuando un administrador detecta una actuación que puede perjudicar a la sociedad, es importante actuar con rapidez y solicitar asesoramiento profesional.
Puede ser necesario revisar la documentación, analizar las operaciones afectadas, corregir determinados errores, convocar una junta de socios o adoptar otras medidas en función de las circunstancias.
La respuesta dependerá siempre de la naturaleza de la irregularidad y de las responsabilidades que puedan existir.
Transparencia y prevención, claves para evitar riesgos
Los delitos societarios buscan proteger el correcto funcionamiento de las empresas y los derechos de las personas que forman parte de ellas.
No toda mala decisión empresarial constituye un delito. Sin embargo, las actuaciones realizadas deliberadamente para engañar, ocultar información, abusar de una posición de control o perjudicar a la sociedad pueden generar importantes consecuencias legales y económicas.
Por ello, mantener una contabilidad transparente, respetar los derechos de los socios, documentar las decisiones y establecer procedimientos adecuados son elementos esenciales para una gestión empresarial responsable.
Además, disponer de asesoramiento especializado de Sersa Asesores puede ayudar a las empresas a identificar riesgos, prevenir conflictos y adoptar sus decisiones con mayores garantías y de acuerdo con la normativa vigente.