La exigencia de transparencia financiera ya no es exclusiva de grandes empresas. Desde bancos hasta plataformas digitales, cada vez más entidades están solicitando documentación a negocios y profesionales para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. ¿Estás preparado?
En los últimos años, pymes, autónomos y profesionales han empezado a recibir requerimientos de documentación por parte de bancos, aseguradoras, inmobiliarias o plataformas de pago. El motivo no es otro que la aplicación de la Ley 10/2010, que regula la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta normativa impone la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a toda relación comercial continuada.
Lo que para muchos puede parecer una solicitud puntual de papeles, en realidad forma parte de un sistema legal de control financiero al que todos —directa o indirectamente— están expuestos. Y no atender adecuadamente estas exigencias puede tener consecuencias graves: bloqueo de cuentas, cancelación de operaciones o incluso multas de hasta 150.000 euros si se considera que el negocio está sujeto a la ley y no cumple.
¿Qué es la diligencia debida?
La diligencia debida es el proceso que permite a una entidad conocer la identidad de su cliente, verificar la información que proporciona y evaluar el riesgo asociado a su actividad económica. Se trata de una obligación legal para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.
Implica tres pasos clave:
- Identificación y verificación del cliente.
- Evaluación del titular real de la empresa o sociedad.
- Clasificación del riesgo y seguimiento periódico de la relación.
Estas medidas deben aplicarse en cualquier relación de negocio sostenida en el tiempo, y son especialmente rigurosas cuando el cliente opera desde el extranjero, realiza actividades de riesgo o no se presenta físicamente.
¿Quién está obligado a cumplir esta normativa?
Según la ley, deben aplicar diligencia debida de forma directa:
- Entidades financieras (bancos, cajas, fintech…)
- Compañías aseguradoras e inmobiliarias.
- Profesionales que intervienen en transacciones económicas, como notarios, asesores o abogados.
- Plataformas de pago, crowdfunding y exchanges de criptoactivos.
- Fundaciones y sociedades en determinadas circunstancias.
Pero la realidad es que cualquier empresa o autónomo puede verse afectado, aunque no sea sujeto obligado. Basta con querer abrir una cuenta bancaria, solicitar una subvención, contratar un seguro o realizar una operación económica relevante.
Tipos de diligencia debida
La ley contempla tres niveles de exigencia, según el grado de riesgo:
- Diligencia normal: es la que se aplica por defecto a toda relación comercial estable. Requiere identificación del cliente, del titular real y justificación de la actividad económica.
- Diligencia simplificada: se aplica solo si el riesgo es bajo y demostrable. Por ejemplo, cuando se trabaja con entidades públicas o productos estandarizados.
- Diligencia reforzada: obligatoria si el riesgo es elevado. Esto ocurre en operaciones complejas, relaciones con países de alto riesgo o cuando el cliente no es presencial. En estos casos, se exige más documentación y controles más frecuentes.
¿Qué documentación pueden solicitarte?
Cada entidad adapta sus peticiones al tipo de relación que mantiene con el cliente. Entre los documentos más frecuentes, se encuentran:
- Modelo 200 (Impuesto sobre Sociedades).
- Modelo 390 (resumen anual de IVA).
- Documento identificativo del representante legal.
- Información sobre la actividad económica.
- Datos actualizados del titular real de la empresa.
En el caso de los autónomos, es habitual que se soliciten modelos trimestrales (130 y 303), el modelo 100 (IRPF) y justificantes de ingresos extraordinarios.
Eso sí: las entidades no pueden exigir documentos personales que no tengan relación directa con la actividad, como contratos privados de alquiler o declaraciones del IRPF de los socios, salvo que puedan justificarlo legalmente.
¿Qué pasa si no entrego la documentación?
Ignorar un requerimiento de diligencia debida puede derivar en:
- Bloqueo o cancelación de cuentas bancarias.
- Rechazo de transferencias u operaciones financieras.
- Comunicación automática al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales).
- Sanciones de hasta 150.000 euros si se es considerado sujeto obligado.
- Pérdida de acceso a determinados servicios o líneas de financiación.
¿Cómo deben actuar las empresas y los autónomos?
Tanto si eres una pyme como un profesional por cuenta propia, lo recomendable es:
- Revisar los procesos de incorporación de clientes.
- Utilizar herramientas digitales seguras para verificación de identidad.
- Mantener actualizado el registro de titulares reales.
- Clasificar clientes y operaciones según nivel de riesgo.
- Formar al personal en prevención del blanqueo.
- Documentar cada paso: desde el alta hasta la cancelación de la relación.
Si estás empezando un negocio…
Emprender también implica cumplir desde el inicio con estas obligaciones. Por ejemplo, durante la constitución de una empresa es clave documentar correctamente a los socios, poderes, objeto social y actividad económica, además de tramitar el alta censal en Hacienda.
Y si eres autónomo, lo más habitual es que te pidan justificar ingresos mediante tus modelos fiscales. Anticiparse a estos trámites puede evitar bloqueos y retrasos innecesarios.
En Sersa Asesores te ayudamos a cumplir con la diligencia debida desde el primer día.
Tanto si eres autónomo como si gestionas una pyme o una sociedad, revisamos tus obligaciones, preparamos la documentación y evitamos errores que pueden costarte tiempo, dinero… y oportunidades.
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Tu cumplimiento es nuestra prioridad.
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